En esta sesión paralela se presentaron ejemplos de todo el mundo sobre el compromiso con nuestra identidad cooperativa para fortalecer la comunidad.
Bokyung Moon, directora del Centro de Economía Social de la provincia de Gyeonggi (República de Corea), explicó que su organización apoya la creación de nuevas empresas sociales e impulsa el desarrollo de especialistas en economía social a través de programas de formación de los trabajadores de la administración y otros programas para aumentar la participación de los jóvenes.
Gyeonggi cuenta con el mayor número de cooperativas sociales de la República de Corea, que operan principalmente en los sectores de vivienda y asistencia. El Centro de Economía Social trabaja con el gobierno para desarrollar la economía social.
Las cooperativas escolares y sociales han contribuido enormemente en las zonas rurales de la provincia de Gyeonggi: a través de la construcción de servicios hospitalarios, la transición a la alimentación sostenible o el apoyo de la primera planta de energía solar propiedad de los ciudadanos de la región. También se están creando cooperativas de vivienda social en respuesta a las crecientes dificultades del mercado de la vivienda.
Estas medidas contribuyen a fomentar un sistema de economía circular, explicó la Sra. Moon.
Elena Pérez, viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, España, explicó que, entre sus funciones, se encarga de la regulación de la economía social y el mercado laboral en su comunidad autónoma.
La Sra. Pérez trata, entre otros, los problemas del desempleo, aunque la tasa de desempleo del País Vasco es una de las más bajas de España. El desarrollo de una economía basada en pequeñas cooperativas que fomentan la innovación tecnológica ha sido muy importante en una región cuyas industrias tradicionales se encuentran en declive.
La región cuenta con 1744 cooperativas, que emplean a más de 53 000 trabajadores. El 13 % de la industria de la región es cooperativa, y cuenta altos niveles de exportación e innovación.
El País Vasco también está por encima de la media nacional en el coeficiente de Gini para medir la desigualdad, que, según afirmó la Sra. Pérez «es algo clave para nosotros. Buscamos alcanzar la cohesión y la igualdad entre la población. No se trata solo de un valor social, sino también económico».
Sokchiveneath Taing Chhoan, director sénior de Desarrollo Socioeconómico en la Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec (Canadá), habló sobre el sector cooperativo en Nuvanik, la región más septentrional de Quebec. El sector cooperativo ha sido crucial para las comunidades indígenas, explicó. Hay 14 cooperativas en Nuvanik, con más de 11 000 miembros y 11 000 empleados, que desarrollan sus actividades en los sectores de la hostelería y el turismo, las artes, la construcción, el comercio minorista –con una tienda en cada pueblo– y el transporte.
En los últimos cinco años, el movimiento cooperativo ha aportado 30 millones de dólares canadienses de beneficios a sus miembros, 67 millones de dólares de beneficios a las cooperativas y comunidades, y ha creado un sentimiento de propiedad que sustenta el desarrollo socioeconómico de la región.
«El modelo empresarial cooperativo se promovió como un instrumento ideal de transición, porque estaba diseñado para empoderar a las personas económicamente vulnerables a través de alianzas y porque sus valores estaban en armonía con los de los inuit, especialmente los valores de colaboración y autonomía», explicó.
El éxito de las cooperativas «demostró que los inuit estaban dispuestos a poseer y controlar sus propios negocios… un paso importante para reclamar su autonomía», añadió.
Entre las iniciativas se encuentran el trabajo sobre la transición a las energías renovables, un fondo de educación de 15 millones de dólares canadienses, un fondo de patrimonio de 1,5 millones de dólares y un fondo cooperativo para suplir la falta de provisión de seguros en el norte de Canadá.
Masahiro Higa, director general sénior de la Alianza Cooperativa de Japón (JCCU), explicó que su organización se creó en abril de 2018 y comprende 600 organizaciones.
En Japón no existe una ley común que abarque a todas las cooperativas, lo que ha provocado el surgimiento de diferentes organismos en el sector cooperativo. La JCCU es una alianza creada para aglutinar todos estos organismos que lucha por obtener una ley nacional de cooperativas.
Su misión es trabajar con el movimiento cooperativo para abordar los problemas a los que se enfrentan las comunidades en Japón: descenso de la natalidad, envejecimiento y disminución de la población, y desigualdad. «En algunos casos, está en juego la propia existencia de la comunidad», advirtió. «Es esencial sostener y revitalizar la comunidad en la que viven y trabajan los miembros, que es la base de los negocios y actividades de las cooperativas».
El sexto principio cooperativo «cooperación entre cooperativas» resulta esencial en este proceso, dijo. Por ejemplo, debido a la crisis de la COVID-19, los estudiantes que trabajaban a tiempo parcial en el sector de la hostelería perdieron todos sus ingresos. Para ayudarles, las cooperativas regionales y agrícolas trabajaron con las cooperativas de estudiantes para proporcionarles comida y oportunidades de trabajo. Esta iniciativa surgió con el objetivo de satisfacer una necesidad social, más que generar beneficios y, a su vez, ha fomentado el deseo de ayudar a los demás entre los estudiantes agradecidos. Esto es crucial en un país con una población que envejece y en la que se debilitan los lazos sociales, ya que está permitiendo que se desarrollen nuevos sistemas de ayuda mutua.
Los habitantes de las zonas rurales montañosas también están recibiendo ayuda para abrir tiendas y huertos comunitarios, «un elemento esencial para recuperar estas zonas», comentó el Sr. Higa.